Toluca, Méx.- Con un llamado a sumarse a su iniciativa, Araceli Casasola Salazar presentó por segunda vez a la 60 Legislatura su propuesta en materia de matrimonios igualitarios, con la que busca que quede establecido que el matrimonio sea la unión libre de dos personas, sin importar su sexo, que se celebre ante el juez del Registro Civil.
La iniciativa tiene la intención de reconocer los derechos y libertades de todos los mexiquenses para acceder al matrimonio de forma igualitaria, sin importar las preferencias sexuales.
En sesión de la Diputación Permanente, la legisladora recordó que el 27 de septiembre de 2018, presentó, por primera vez su iniciativa; desde esa fecha muchas cosas han cambiado, por lo que nuevamente el PRD presenta la propuesta ante el Congreso mexiquense.
“Recalcamos que este proyecto de reforma pertenece a una realidad fehaciente, un acto necesario que ya ha sido avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocido en diferente estados y dictaminado en diferentes países“, expresó la diputada.
Mencionó que 17 entidades federativas reconocen el matrimonio igualitario en sus legislaciones y en el Estado de México persiste “un grave atraso” en lo que respecta al reconocimiento de las libertades y los ciudadanos al no permitir el matrimonio igualitario dentro de su legislación.
La propuesta establece que para contraer matrimonio las personas interesadas deberán haber cumplido 18 años; las enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias serán un impedimento, salvo cuando por escrito sean aceptadas por el otro contrayente.
Se propone que se considere concubinato a la relación de hecho que tienen dos personas que, sin estar casados y sin impedimentos legales para contraer matrimonio, viven juntas, haciendo una vida en común por un periodo mínimo de un año, y que no se requerirá, para la existencia del concubinato, el periodo antes señalado cuando, reunidos los demás requisitos, se tengan hijos en común.
Se prevé que las personas en concubinato tengan los derechos y obligaciones alimentarias, de familia, hereditarios y de protección contra la violencia familiar reconocidos en el Código Civil y en otras disposiciones legales, así como los establecidos para los cónyuges y los hijos, en todo aquello que les sea aplicable.
La propuesta fue enviada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, para su discusión y análisis.
